El trabajo y la mejora de las condiciones de vida sigue siendo el motivo principal de la migración hacia España, razón que las políticas de inmigración y los agentes sociales no deben ignorar. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la población de España aumentó en 392.921 personas durante el año 2019, fruto de un saldo vegetativo negativo de 57.146 y compensado por un saldo migratorio positivo de 451.391 personas, llegando a un total de 5.235.375 de personas extranjeras a 1 de enero de 2020. Los mayores incrementos se dieron en la población colombiana, venezolana y marroquí.
Se hace evidente que una de las formas más básicas de integración social está basada en el empleo, el cual permite el acceso a vivienda, manutención, acceso a bienes y servicios y facilita la creación de redes sociales con la comunidad local. Uno de los mayores desafíos para las personas que emigran es el de encontrar trabajo y para ello es necesario establecer acciones que puedan cubrir las necesidades laborales de este colectivo tan específico.
Los programas de intervención en materia de empleo se vienen desarrollando desde hace años, y normalmente todos ellos tienen en cuenta que:
Se hace necesario la comprensión de las sociedades interculturales, para conocer las necesidades y peculiaridades de cada colectivo y así poder entender las dificultades de su integración.
Es imprescindible disponer de habilidades comunicativas para una intervención sin obstáculos y que posibilite un clima de confianza.
Las personas que trabajan con el colectivo migrante deberán tener gran capacidad empática y asertiva, tratando a cada persona como un individuo único y singular.
En lo referente a la metodología utilizada para la búsqueda de empleo se hace de gran importancia el conocimiento del colectivo con quién trabajamos y sus características particulares, para así poder dar a conocer el entorno laboral, propiciar la motivación, la adquisición de habilidades para la búsqueda de empleo en nuestro contexto, leyes y normativas y, por ende, llevar a cabo un seguimiento continuado.
No obstante, no todas las personas migrantes están sujetas a las mismas leyes. Para aquellas en situación administrativa irregular, encontrar un empleo estable que les proporcione la autonomía necesaria se hace prácticamente imposible. Precariedad e inestabilidad laboral, ausencia de empoderamiento, incertidumbre, mayor vulnerabilidad, ausencia de derechos laborales, etc., son algunos de los obstáculos presentes en el día a día de estas personas.
Las normativas dan pocas opciones: solicitar uno de los tipos de arraigo (familiar, laboral o social) después de cumplir una serie de requisitos casi inalcanzables. Un ejemplo es el de, en el caso del arraigo social, y después de haber permanecido en España durante al menos tres años justificados, contar con un contrato de trabajo a jornada completa de, como mínimo, un año de duración.
Finalizo este artículo compartiendo una pregunta que ronda mi cabeza, después de sacar la vista del ordenador y mirar mi alrededor....
¿Cuáles son las causas que llevan a las leyes a ser tan poco flexibles y estrictas, y a quiénes benefician?
Aquí dejo un vídeo-reportaje de El País Semanal sobre los temporeros, figuras imprescindibles en España.
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